Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma para que la Secretaría de Salud promueva entre el personal médico y administrativo que atiende a la población con discapacidad, el conocimiento y aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, como mecanismo para lograr una comunicación óptima con quienes presentan algún problema auditivo.
El proyecto de decreto, que adiciona la fracción XII al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se aprobó con 82 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
En el dictamen, los senadores consideraron que la Lengua de Señas Mexicana puede ser un medio eficiente de acercamiento, comunicación y atención para todas las personas que requieren una modalidad diferente al leguaje escrito o hablado, tanto para conocer sus derechos, como para hacerlos valer por sus propios medios.
Mencionaron que en México se estiman 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al seis por ciento de la población total; de ellos, 16.5 por ciento viven con discapacidad para escuchar, es decir, un millón 270 mil personas.
Sobre el tema, la senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que es indispensable saber y conocer las necesidades que enfrentan las personas con discapacidad auditiva al asistir a los centros de atención médica, por lo que es fundamental que la comunicación sea precisa.
Por ello, dijo, es pertinente robustecer el marco jurídico para promover el acceso a la información de este sector, por lo que se requiere que el personal médico cuente con los conocimientos sobre la Lengua de Señas Mexicana.
Lorena Cuéllar Cisneros, senadora del Grupo Parlamentario del PRD, asentó que con esta reforma “damos un paso importante para que los servicios de salud tengan una comunicación efectiva con este tipo de pacientes y de esta manera se evite la discriminación”.
Con ello, agregó, se reafirma el compromiso que la Cámara de Senadores mantiene para crear políticas y estrategias encaminadas a garantizar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.
Fuente: Senado de la República
