Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, advirtió que México exige y merece una justicia penal madura, protectora, sí, pero no solapadora. La sanción, dijo, que nuestras leyes determinan para quienes dañan, agravian a la sociedad, deben ser impuestas no sólo como un castigo al responsable, sino especialmente como una forma de equilibrar el orden social y restaurar la paz que se pierde por la comisión del delito, por el agravio a las personas, por el peligro que implica su conducta antisocial.
Pero, explicó, buscando el equilibrio de los derechos de todos los involucrados, de todos los afectados, porque, señaló, no tenemos duda de que los derechos de los acusados de un delito son fundamentales, pero no es menos cierto e incontrovertible que los de las víctimas tienen la misma importancia, trascendencia y altura humana y deben ser respetados con la misma aplicación, cuidado, responsabilidad e intensidad, pues de lo contrario la decisión que se tome en un juicio perdería su cualidad de verdadera justicia.
Al participar en la ceremonia de inauguración del Octavo Foro sobre Seguridad y Justicia, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal consideró necesario que cuando se opte por el juicio se busque la verdad mediante el esclarecimiento de los hechos, pero sin ceder un solo espacio a las pruebas ilícitas.
En este contexto el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales comentó que, a la par del nuevo sistema, los juzgadores de amparo están llamados a velar por los intereses de todos los involucrados, destacadamente del imputado y de la víctima, pero también de los fines de una sociedad que ha apostado por un Estado de Derecho y ha depositado esta delicada tarea en los jueces, quienes ahora, claramente, deciden de cara a la sociedad y deben ser evaluados por virtud de las razones de sus decisiones.
Porque, sostuvo, es y ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado; lo que no contribuye al interés de lograr un mejor sistema de justicia penal, y haciéndolo sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto y sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen obligatoriamente su proceder.
Por supuesto, reconoció, que los jueces no son infalibles, pero destacó que cuando se ha demostrado que han fallado, se les ha sancionado con todo rigor. Afortunadamente, indicó, son pocos los casos por lo que no creo que merezcan, todos, una descalificación generalizada.
ES EL CAMINO CORRECTO
En su intervención en el Foro sobre Seguridad y Justicia, dijo que con la implementación del nuevo sistema penal, estamos en el camino correcto. Pero consideró que a unos días de entrar en vigor en todo el territorio nacional, el nuevo sistema debe ser objeto de análisis para retomar las experiencias que ha arrojado su aplicación en el ámbito de competencia de cada una de las autoridades involucradas.
En el caso de la Justicia Federal afirmó que en estos últimos ocho años, y especialmente en este año y medio reciente, el Consejo de la Judicatura Federal ha creado la estructura física y humana para satisfacer la demanda del nuevo sistema.
Por ello, aseveró, me permito anunciarles que ya contamos con Centros de Justicia Penal Federal en todas y cada una de las entidades federativas y juzgadores para atenderlas en condiciones óptimas.
“En 28 entidades ya están en funcionamiento salas de justicia penal federal que suman, en esas 28 entidades, 31 Centros con jueces especializados y seleccionados, y en las 4 Entidades de la República restantes, Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, estamos a punto de la puesta en funcionamiento, que será el próximo 14 de junio, dentro de una semana, para que abran sus puertas 6 Centros más ubicados en esas 4 entidades.
Desde luego, están designados para atenderlos 118 jueces de Distrito que pasaron por 14 rigurosos procesos de selección y capacitación. Capacitación que se dará de manera continua para elevar siempre el nivel de calidad en la actuación de los juzgadores federales”.
El Ministro Presidente destacó el hecho de que las poco más de cuatro mil causas judicializadas hasta la fecha ya han arrojado experiencias suficientes como para generar interesantes reflexiones y en algunos casos ya, las acciones consecuentes.
Dichas acciones se enmarcan en las siguientes 5 directrices:
Primera. Que el diálogo entre los diferentes operadores es fundamental para un inicio adecuado y uniforme. Por ese motivo hemos emprendido una intensa comunicación entre los juzgadores del nuevo sistema y los que ejercen control constitucional, a través del amparo, que se ha visto coronada con un ejercicio inédito de interlocución con los juzgadores del fuero de las entidades de la federación, de manera presencial en cada una de ellas. Con ello hemos querido extender la mano de colaboración a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados para lo que ha habido una respuesta extraordinaria.
Segunda. La respuesta de los juzgadores federales en el trámite de las causas que se someten a su decisión, hasta ahora ha sido adecuada en un contexto en que prácticamente la totalidad de los casos han involucrado flagrancia. El desafío está en mantener constante el flujo de solución de conflictos de índole penal una vez que se incrementen los procesamientos como resultado de labores de investigación de la policía y del Ministerio Público.
Tercera. Hasta ahora los delitos de las causas judicializadas, son, diríamos, de menor entidad, pues casi el 60% corresponde a delitos relacionados con armas de fuego, mientras que otro 30% se compone de delitos de narcomenudeo federal, narcotráfico (aunque por cantidades de narcóticos muy bajas) y especialmente robo de hidrocarburos.
Esto tiene notables implicaciones en dos aspectos:
Por un lado, que fluyan de manera adecuada los diversos mecanismos alternativos, ya que el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso están cumpliendo con su misión tanto de solución, como a la vez, de descongestión del sistema a fin de que el juicio como tal se reserve para un número reducido de casos.
Por otro lado, la prisión preventiva se ha disminuido hasta poco menos del 20%, hoy, en el nuevo sistema, menos de 1 de cada 5 imputados enfrenta el proceso en libertad (sujeto a medidas cautelares).
Tema de análisis es si ese porcentaje se podrá reducir una vez que empiece a funcionar la Unidad de Medidas Cautelares para el ámbito federal, para que correlativamente, el reto sea conservarlo en bajos niveles cuando se judicialicen causas con delitos de mayor relevancia, entre ellos los de prisión preventiva oficiosa.
Cuarta. Desde el comienzo, nuestros Centros de Justicia Penal Federal y nuestros jueces de Distrito, quiero subrayarlo, están preparados para conocer de todos los delitos del orden federal, incluidos los de Delincuencia Organizada que, hasta ahora, no se han judicializado, ya que tenemos sólo hay 3 causas por delitos de este tipo (1 en Guanajuato, 1 en la Ciudad de México y 1 en el Estado de México) de las más de 4,000 causas que ya conocen los jueces especializados, lo que impide hacer cualquier evaluación de cómo está reaccionando el nuevo sistema, ya en sede judicial, sobre los delitos de alto impacto.
Quinta. Es indudable que en esta renovada esfera del jurisdiccional, como acto de autoridad, como en cualquiera otra, la última palabra está en manos de los jueces de Amparo, quienes tienen la alta misión de velar porque todos los postulados constitucionales se cumplan con rigor.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
