Ciudad de México.- En el Resumen Ejecutivo del 4º Informe de Gobierno de la Presidencia de la República se muestra la tasa de homicidios en México, estimada a partir de las defunciones por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como la variación porcentual de los homicidios dolosos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Como respuesta crítica al informe, algunos medios de comunicación señalaron inconsistencias entre estos datos.
Es importante notar que el SESNSP publica desde 2014 dos cifras distintas, una bajo la denominación de homicidios dolosos (cifra que con mayor frecuencia se cita en las notas oficiales y mediáticas) y otra referente a víctimas de homicidio doloso. Así, aunque sólo existen dos fuentes oficiales, se tienen tres tipos de cifras distintas.
La fuente que reporta los niveles más elevados desde 2008 es INEGI, con más de 20 mil defunciones por homicidio registradas en 2015 (cifras preliminares); por su parte el SESNSP reporta para ese mismo año sólo 17 mil homicidios dolosos y poco más de 18 mil víctimas de homicidio doloso.
En los medios de comunicación se citan diversas cifras relacionadas con la noción de homicidio, aunque no todas son oficiales ni se refieren al mismo concepto.
Las cifras citadas con mayor frecuencia son:
Defunciones por homicidio: publicadas por INEGI y recopiladas a partir de certificados y actas de defunción, de la Secretaría de Salud y del Registro Civil, así como de registros del Ministerio Público (fuente oficial vigente).
Homicidios dolosos y Víctimas de homicidio doloso: publicadas por el SESNSP a partir de averiguaciones previas o carpetas de investigación de las fiscalías y procuradurías estatales (fuente oficial vigente).
Homicidios por presunta rivalidad delincuencial: publicadas hasta el año 2011 por la anterior Presidencia de la República; eran recopiladas por la Procuraduría General de la República (periodo de la información 2006-2010). Se publicaba un total de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, dividido en homicidios (equiparables a la noción de ejecuciones) y fallecimientos por agresiones directas y enfrentamientos (fuente oficial no vigente).
Ejecuciones: conteos independientes de consultorías y medios de comunicación sobre homicidios especialmente violentos (que se buscaba contrastar con las cifras de la anterior fuente de Presidencia).
Pocos medios mantienen estos conteos (las cifras más citadas provienen de la consultoría Lantia).
DEFUNCIONES POR HOMICIDIO DEL INEGI
Las defunciones por homicidio de INEGI forman parte del proyecto Estadística de defunciones generales, el cual es un sistema de aprovechamiento de registros administrativos. Este sistema se alimenta principalmente con datos de los certificados de defunción de la Secretaría de Salud e incluye, como controles, las actas de defunción de las Oficialías del Registro Civil y registros de las Agencias del Ministerio Público. Aprovechar los registros administrativos es posible gracias a la vinculación de sistemas informáticos, lo cual permite recopilar datos de registros individuales tales como la fecha de ocurrencia de las defunciones y la edad de las personas fallecidas (se captan registros individuales cuidando la confidencialidad de los datos personales).
En los certificados de defunción se anota la causa directa de la muerte según las normas y categorías de la Organización Mundial de la Salud. Para casos de muertes violentas el certificado incluye una casilla de control, adicional a la causa directa, que enfatiza la obligación de especificar si la muerte se debió a un presunto accidente, homicidio o suicidio. Por lo tanto, las cifras de defunciones por homicidio corresponden a una categoría médica y reflejan el número de personas fallecidas cuya causa directa de muerte es un presunto homicidio. Esta categoría médica puede equipararse con el concepto jurídico de homicidio doloso (mientras que las defunciones por accidente se pueden equiparar con los homicidios culposos).
Los datos de los certificados se cotejan contra información del Registro Civil y del Ministerio Público: por cada certificado debe existir un acta de defunción (y viceversa); y todas las defunciones por homicidio deben dar inicio a investigaciones ministeriales (el homicidio es un delito que se persigue de oficio por lo que no se requiere de una denuncia formal para iniciar una investigación). Estos controles aseguran un alto grado de calidad y de confiabilidad en esta fuente de información pero, al mismo tiempo, implican procesos relativamente lentos que afectan su oportunidad.
Es muy relevante hacer notar que las características de esta fuente son del dominio público gracias a que INEGI elabora un documento que explica, de manera articulada, todos sus aspectos metodológicos (Síntesis metodológica de la Estadística de defunciones generales), junto con otro que permite la revisión detallada de su base de datos (Descripción de la base nacional). Publicar este tipo de documentos es un requerimiento básico e indispensable para la evaluación de la calidad de cualquier fuente estadística (por lo que puede servir como criterio básico o ‘regla del pulgar’ para quienes no acostumbran evaluar bases de datos).
Esto porque la revisión de todos los aspectos metodológicos es el primer paso en la evaluación de la calidad de la fuente (es decir, es un requisito necesario más no suficiente para garantizar su confiabilidad). Una fuente que no hace públicos todos sus aspectos metodológicos no resulta confiable, aunque sea oficial, porque no permite evaluar la calidad de sus datos.
Conocer los aspectos metodológicos de una fuente permite, por ejemplo, identificar posibles causas de subregistro. En el caso de esta fuente sólo se incluyen defunciones registradas donde se especificó homicidio como causa directa de la muerte. Frente a la evidencia recopilada por reporteros y activistas de la sociedad civil sobre fosas clandestinas y personas desaparecidas, es razonable inferir que estas cifras adolecen de problemas no despreciables o significativos de subregistro o subenumeración. Por lo tanto, es justificable considerar que esta fuente ofrece una cota mínima de homicidios ocurridos en México.
LOS HOMICIDIOS DOLOSOS DEL SESNSP
Los homicidios dolosos del SESNSP forman parte del proyecto Incidencia Delictiva, del cual no se han publicado los documentos metodológicos pertinentes desde que se hicieron públicas sus cifras en 2010 (por lo que resulta imposible evaluar la calidad de sus datos y, por ende, resulta ser una fuente no confiable). Esta carencia ya ha sido ampliamente criticada:
Los expertos de los organismos civiles como México Unido contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano y Causa en Común, señalaron que los reportes oficiales sobre criminalidad presentan inconsistencias, imprecisiones, omisiones, errores y modificaciones injustificadas, además de la falta de una metodología clara, única y pública para procesar los datos, situación que daña la credibilidad en el gobierno en este tema […] Los especialistas insistieron en la importancia de la información sobre incidencia delictiva, al recordar que ésta es el sustento de las evaluaciones públicas que el gobierno realiza sobre su propia estrategia (nota de CNN México).
La falta de documentos metodológicos no sólo impide evaluar la calidad de los datos, también imposibilita precisar los conceptos a los que estos se refieren. Por ejemplo, algunos analistas suponen que las cifras se refieren a números de delitos, mientras que otros las interpretan como números de averiguaciones previas o carpetas de investigación (una averiguación o investigación puede incluir varios delitos, y un delito puede implicar varias víctimas).
La página web del SESNSP despliega un aviso electrónico al momento de acceder a las cifras, el cual indica que éstas se refieren a: “presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas” (consultado el 7/9/16). Pero esto no aclara la interpretación de las cifras pues pueden referirse tanto al conteo de todos los delitos como al de averiguaciones contabilizadas según delito principal.
Otro problema metodológico: las series históricas de esta fuente sufren cambios frecuentes, lo cual no es congruente con el referente conceptual de averiguaciones iniciadas. Esto sólo tendría sentido si las cifras se ajustaran y provinieran de averiguaciones abiertas en el periodo (es decir, de investigaciones en curso).
Alejandro Hope criticó así estos cambios: Al cierre de 2013, Veracruz reportó algo más de 48 mil averiguaciones previas, de las cuales 600 eran por el delito de homicidio doloso. En abril de 2014, cuando ya nadie ponía atención a los datos, el gobierno veracruzano aclaró que había revisado los números y que se habían registrado en realidad 72 mil averiguaciones previas y 899 homicidios dolosos.
¿Cómo es posible extraviar durante cuatro meses 24 mil expedientes?
Otro ejemplo: según la Procuraduría del Estado de México, el número de averiguaciones previas por homicidio doloso disminuyó casi 10% en esa entidad federativa en 2013. Pero resulta que, de acuerdo con INEGI, el número de víctimas de homicidio en el Estado de México creció 13% el año pasado. No hay, por tanto, más que dos alternativas: 1) aumentaron a gran ritmo las masacres en territorio mexiquense, o 2) las autoridades estatales escondieron varios centenares de averiguaciones previas ¿Qué explicación les gusta en Toluca? (nota de opinión de Hope). Es relevante notar que Hope supone que las cifras se refieren al número de averiguaciones que incluyen el delito de homicidio doloso. Otros analistas, como José Merino y Víctor Gómez, han usado el mismo supuesto para intentar explicar las discrepancias entre las fuentes oficiales: “habrá más cuerpos que averiguaciones ahí donde la acumulación de cuerpos supere al sistema de justicia estatal”. Pero sin documentos metodológicos no se puede confirmar el supuesto anterior, es sólo un intento por adivinar las causas de las diferencias.
Una forma sencilla pero contundente de explicar el punto anterior consiste en contrastar por entidad federativa las defunciones por homicidio, los homicidios dolosos y las víctimas de homicidio doloso. El contraste de estas cifras muestra que hay estados con aumentos drásticos de homicidios que reportan datos similares a ambas fuentes, como Baja California Sur y Guanajuato; mientras que otros como Hidalgo y el estado de México reportan cifras que discrepan notablemente. Esto implica que las entidades no siguen una metodología común de reporte al SESNSP. Por este motivo carece de sentido hacer comparaciones estatales (rankings) con las cifras del SESNSP (aunque sean oficiales), ya que afectan negativamente a los estados con buenas prácticas de registro (y se favorece a las entidades con prácticas irregulares).
Incluso las comparaciones en el tiempo dentro de un estado carecen de sentido mientas se desconozca la metodología usada (porque no hay certeza de que los homicidios bajaron o subieron). Por ejemplo, el caso de Veracruz, donde se reportaron cifras similares en ambas fuentes para 2012 pero otras muy diferentes para 2014 y 2015: las cifras del SESNSP indican que los homicidios disminuyeron entre 2013 y 2014 pero los datos de INEGI muestran lo contrario.
Por lo tanto, no es prudente utilizar las cifras del SESNSP para la toma de decisiones y se recomienda requerir al SESNSP (órgano desconcentrado de SEGOB), la publicación de toda la documentación pertinente.
Fuente: Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
