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| Ricardo Gallardo Juárez. |
El alcalde perredista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, está volviéndose un dolor de cabeza para la dirigencia perredista y una pesadilla para sus críticos, ya sea por sus formas de gobernar, por sus salidas de tono o por la sombra de corrupción que se cierne sobre su administración.
Hostigamiento hacia sus rivales políticos, amenazas a sus críticos, intimidación, represión, e incluso extorsión a empresarios y desarrolladores en la ciudad son las conductas que se le atribuyen al presidente municipal de la capital del estado de SLP.
Al exedil del municipio de Soledad también se le achaca el repunte de los niveles delictivos en el municipio de San Luis Potosí, alza que coincide desde que tomó protesta Gallardo Juárez como presidente municipal.
También es un secreto a voces en el municipio y la entidad la forma en que acalla a sus detractores y opositores, no solo con amenazas o tomando represalias contra medios locales críticos o contra comerciantes, por ejemplo, sino incluso a través de la compra de voluntades.
“Es brutal que a quien se le ocurra hacer una crítica al alcalde, o quien osa hacer una crítica, hay una red creada exclusivamente para calumniar y denostar, tienen una red de periódicos y páginas en redes sociales que atacan a sus detractores”, denuncia José Guadalupe González, del movimiento Ciudadanos Observando.
“San Luis debe de ser una ciudad de libertades, una ciudad de tranquilidad y de paz, donde se pueda hacer política sin ser amedrentado, sin ser cuestionado porque piensas diferente, aquí parece que el pensamiento único es la norma”, asegura el legislador federal por San Luis, Xavier Nava.
Sobre su administración también pesa la sospecha del desvío de recursos, la opacidad en los procesos de licitación para obra pública o para la compra de bienes y servicios.
En los poco más de 20 meses al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la falta de transparencia y de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público durante la administración de Gallardo Juárez ha sido la norma, sin embargo los ejercicios han sido calificados sin observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.
El alcalde estaría involucrado en la red de corrupción destapada recientemente en el Congreso estatal de San Luis, en donde un grupo de legisladores ofrece a los alcaldes potosinos limpiar su historial de irregularidades a cambio de dinero.
Según fuentes, el diputado local perredista José Guadalupe Sánchez, uno de los implicados en la trama de corrupción, sería el operador de Gallardo Juárez en el Congreso local.
Además, el alcalde ha sido acusado de favorecer a la empresa Panavi, quien firmó un contrato con la administración anterior para renovar las luminarias de la ciudad capital.
Durante su campaña, y aún como alcalde electo advirtió que el contrato era injustificado y que haría lo posible pare echarlo abajo y que incluso podría denunciar al exalcalde Mario García Valdez.
Ya como presidente municipal en funciones, Gallardo no solo mantuvo el contrato, sino que firmó un convenio modificatorio que elevaría el costo del cambio de las luminarias en más de 200 millones de pesos.
En unos meses pasó de la amenaza para cancelar el contrato a modificarlo para que la empresa obtuviera beneficios aún mayores a los que ya tenía comprometidos.
Un caso emblemático de su gestión fue la adquisición millonaria de medicamentos a una empresa “fantasma”, un contrato de asignación directa a una particular cuya identidad no ha sido del todo aclarada.
El ayuntamiento de la capital del estado pagó 34 millones de pesos en tres meses por compras de medicamentos para personal de confianza en favor de Sandra Sánchez Ruiz en una operación que se presume sirvió para triangular recursos.
Algunas voces críticas al interior del perredismo local, como el diputado federal por San Luis Potosí, Xavier Nava, han mostrado su inconformidad por la manera de llevar las riendas del mayor municipio de la entidad, priorizando el asistencialismo y el populismo no justificado por encima de un programa congruente de gobierno.
Estos programas sociales incluso han ocasionado que la Fepade haya iniciado investigaciones sobre su posible utilización por motivaciones electorales, y es que tampoco es un secreto que Gallardo sigue en permanente campaña para buscar su reelección como alcalde en 2018, lo cual le permita luego postularse para la gubernatura del estado en las próximas elecciones.
Sin embargo, el municipio de San Luis Potosí está teniendo un auge importante, sobre todo gracias al desarrollo industrial que está por encima de la media nacional, sin que ello se traduzca en la mejoría de las condiciones de vida de sus habitantes.
MILLONARIA OPACIDAD
En marzo de 2016, el periódico La Jornada San Luis dio a conocer que durante los primeros tres meses de ese año, el ayuntamiento de San Luis Potosí había emitido cheques por más de 34 millones de pesos a una sola persona: Sandra Sánchez Ruiz, por concepto de medicamentos para personal de confianza.
Lo que llamó la atención fue en primer lugar el elevado monto destinado para la compra de medicamentos y, en segundo, que la identidad de la supuesta proveedora del Gobierno municipal es una incógnita.
Nadie ha podido localizarla en una oficina, no tiene referencias comerciales ni almacenes donde guarde los medicamentos.
En un comparativo realizado por un medio local, los medicamentos proporcionados por esta proveedora al ayuntamiento de la capital potosina equivalen a una cantidad siete veces superior al inventario de medicamentos con que cuentan, por ejemplo, las delegaciones del IMSS o el ISSSTE en la entidad.
Con el transcurso de los meses fueron saliendo a la luz nuevos pagos a esta proveedora entre los meses de octubre de 2015 (cuando Gallardo llegó a la alcaldía) hasta marzo de 2016, que en total sumaban más de 66 millones de pesos.
También se dio a conocer que durante la gestión de Gallardo Juárez como alcalde del municipio de Soledad, entre 2009 y 2012 habría utilizado el mismo esquema de asignación irregular de recursos a empresas proveedoras de medicamentos.
Organizaciones ciudadanas han pedido que se aclare el tema, e incluso el Sistema de Administración Tributaria está investigando las operaciones de venta, aunque a través de amparos, la misteriosa proveedora ha logrado retrasar las inspecciones.
En 2015, una vez que ya había sido nombrado como alcalde electo, una de las promesas de Gallardo Juárez fue la revisión del contrato para renovar las luminarias de la ciudad promovida por el anterior alcalde, Mario García Valdez en favor de la empresa Panavi.
En ese entonces, el ahora alcalde potosino calificó el contrato como la adquisición de una deuda injustificada porque se pagarían al doble de su costo y advirtió que no le temblaría la mano para denunciar a su antecesor.
Siete meses después de llegar al ayuntamiento, en mayo de 2016, Gallardo propuso en la sesión de cabildo una modificación del contrato original, no para cancelarlo, sino para favorecer a la empresa Panavi proponiendo un monto 200 millones de pesos superior al original.
El convenio modificatorio pretendía elevar el costo de las luminarias de mil 301 millones de pesos a mil 512 millones. Actualmente la propuesta de Gallardo Juárez continúa en comisiones en el Congreso Local.
A estas dos polémicas se suma también la denuncia de opacidad en el ejercicio del gasto público del ayuntamiento.
Según una revisión de la relación de cheques y transferencias bancarias realizado por una publicación local, Gallardo Juárez mantiene en total opacidad hasta tres cuartas partes del gasto municipal.
De un total de 2 mil 975 millones de pesos reportados en los informes financieros, de entre octubre de 2015 y marzo de 2017, la administración de Gallardo Juárez solo ha publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento egresos por 736 millones de pesos.
La diferencia es de 2 mil 239 millones de pesos, cifra que ha ocultado su administración y que contraviene lo establecido en la Ley de Transparencia.
A pesar de ello, apenas el pasado martes 27 de junio, en el informe anual de la auditoría de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 del Ayuntamiento presentado por la Auditoría Superior del Estado no presenta ninguna observación financiera.
El presupuesto del año 2016 para San Luis Potosí fue de 2 mil 440 millones de pesos.
IMPERIO DEL TERROR
Cierre de negocios de forma arbitraria, amenazas, campañas de desprestigio, represión e intimidación son las acciones atribuidas directamente al alcalde Ricardo Gallardo y a su grupo político.
Muchas de ellas han sido denunciadas públicamente, aunque la mayoría quedan en el anonimato, un secreto a voces ante el temor a represalias.
Uno de los que han alzado la voz es el activista José Guadalupe González, vocero del movimiento Ciudadanos Observando, organización que desde hace 5 años se dedica a transparentar el ejercicio de recursos públicos de las autoridades potosinas y a denunciar la corrupción.
“El problema es que hay un imperio, hay un imperio de terror donde mucha gente no denuncia por miedo y los pocos que alzamos la voz, estamos en riesgo.
“Si tú haces una publicación que les incomoda o una investigación donde señalas alguna situación que no les guste, inmediatamente tienen un grupo, tienen periódicos creados por ellos mismos, pagados con recursos públicos y te calumnian, te denostan, te mandan gente a tu casa, de manera arbitraria cierran tus negocios y recibes amenazas”, dijo el activista.
A la organización han llegado denuncias muy fuertes de comerciantes, de dueños de bares y restaurantes, de empresarios y desarrolladores que están recibiendo constantes extorsiones por parte de funcionarios del ayuntamiento, sin embargo, son pocos los que quieren dar la cara.
“Es brutal que a quien se le ocurra hacer una crítica al alcalde, o quien osa hacer una crítica, hay una red creada exclusivamente para calumniar y denostar.
“Y cuando ya eres un personaje incómodo como lo he sido yo ya el nivel de represión sube, donde ya te clausuran tus negocios, donde ya te amenazan, te ponen gente afuera de tu casa. La intimidación la hemos sufrido activistas, ciudadanos y periodistas”, advierte el activista.
SIN PLAN DE GOBIERNO
En 2015, Gallardo Juárez llegó a la alcaldía de la mano del PRD, lo que significó el primer triunfo del Sol Azteca en la capital del estado, que siempre había sido gobernada por el PRI o el PAN.
En ese proceso electoral también fueron electos un diputado federal y dos locales por San Luis y uno federal y uno local por el municipio de Soledad. Entre ellos se encontraba Xavier Nava, quien calificó el resultado como un resurgimiento de las fuerzas políticas en la capital, y ahora es uno de los principales críticos de la administración de Gallardo.
“Lamentablemente cuando vas avanzando y ves el ejercicio del gobierno y ves lo que finalmente se está realizando es un proyecto más bien enfocado al rédito electoral permanente en donde yo no veo realmente un plan de gobierno”, dice.
Nava califica el modelo de gobierno como una suma de programas enfocados a la rentabilidad electoral, un esquema asistencialista sumamente clientelar, que incluso señala que podría no ser del desagrado para la dirigencia perredista.
“Me parece que sí hay personas a las que se les tiene que dar este tipo de programas, este tipo de asistencias social, que es muy bienvenida, muy benéfica, pero que no puede ser el modelo de gobierno.
“Este tipo de programas deben de ser aplicados siempre y cuando exista la posibilidad de ir rompiendo con estas cadenas de la pobreza y no solamente para ir administrándola”, indica Nava.
Para el legislador, esta serie de programas al final no le están dando a la población la capacidad de salir de sus niveles de pobreza y marginación, sino que está generando una dependencia adicional.
“No hay dinero que alcance, es un barril sin fondo, entonces lo que estás haciendo es solamente generar una dependencia absoluta y yo no veo que las condiciones de vida de la población mejoren”, sentencia.
Por Carlos Zalazar / Reporte Índigo
Nota original: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/san-luis-potosi-corrupcion-impunidad-ricardo-gallardo-opacidad?page=3
