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| Los presos incendiaron una de las torres. |
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que las autoridades del penal de La Pila, donde hubo un motín entre más de 100 reos en diciembre pasado fueron renuentes a colaborar en un Informe Especial que dio a conocer hoy, en el que además de exhibir carencias de ese centro penitenciario, pidió abrir diversas investigaciones contra los servidores públicos.
El 21 de diciembre, entre 09:00 y 10:00 horas, los presos comenzaron a agruparse para inconformarse en contra del Director de ese Centro por la calidad de los alimentos, por el maltrato que reciben del personal de seguridad y custodia así como por las revisiones indignas que se realizan a sus familiares y los obstáculos para la autorización de las visitas, además de que habían ingresado a internos que anteriormente generaron actos de violencia en contra de la población.
"El Informe Especial se refiere a las situaciones que se presentaron durante los acontecimientos ocurridos el 21, 22 y 26 de diciembre de 2015, en el interior del Centro de Prevención y de Reinserción Social de San Luis Potosí, así como los hechos registrados para el restablecimiento de la seguridad del Centro Penitenciario en donde se comprobó que las autoridades responsables de la seguridad penitenciaria incumplieron los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto de los derechos humanos", dijo la CEDH.
El penal, añadió, ha incrementado el número de quejas, a saber: 89 en 2014; 155 en 2015 y 51 al 5 de mayo de 2016.
Relató que "el 21 de diciembre de 2015, a las 10:30 horas un grupo de aproximadamente 100 reclusos comenzó a amotinarse en el Centro de Prevención y de Reinserción Social de San Luis Potosí en el área de locutorios de la sección varonil, y en determinado momento comenzaron a romper ventanas y causaron destrozos.
"Personal de este Organismo que se encontraba en el Centro Penitenciario fue informado que al exterior de la clínica se suscitaba una riña entre internos, por lo que junto con siete personas más, entre ellos, personal médico y de enfermería se resguardó en la Subdirección Médica, minutos después personal de custodia les indicó que ya se había calmado la situación, por lo que decidieron salir del área sin lograrlo, percatándose que el disturbio continuaba y personal de seguridad y custodia ya no regresó a auxiliarlos.
"Durante dos horas y media personal de esta Comisión permaneció al interior de la clínica, en dos ocasiones, un grupo de internos golpeaba la puerta de la Subdirección Médica, y después aproximadamente veinte internos ingresaron con armas hechizas e intentaron herir a personal del centro penitenciario despojándolos de sus pertenencias, principalmente dinero, enseguida llegó otro grupo de internos y uno de ellos gritó: “de esto no se trata, los voy a sacar de aquí, mujeres en medio”, al momento que los sujetaban para resguardarlos y sacarlos al exterior.
"Durante el trayecto de salida, personal de la Comisión Estatal observó destrozos en la clínica, en la zona llamada “hombre muerto” se encontraban elementos de seguridad y custodia así como de Seguridad Pública del Estado, además de los Directores de la Policía Ministerial del Estado y de Prevención y Reinserción Social; que el interno que los sacó del área de conflicto les dijo: “abre la puerta, aquí los van a matar”; los elementos de seguridad que se encontraban en el lugar no actuaron de manera inmediata, ya que pasaron diez minutos para que les abrieran y cuando el personal de este Organismo narró los acontecimientos, el al Director General de Prevención se burló de una servidora pública de la Comisión a la que llamó “llorona”.
"Los servidores públicos de la Comisión Estatal también observaron que el día de los hechos el personal de seguridad y custodia abandonó el interior del Centro Penitenciario, cuando comenzó el conflicto y para controlar el disturbio utilizaron gas lacrimógeno. A las 19:00 horas personal de seguridad y custodia regresó a dormitorios para continuar con sus actividades de vigilancia ya que esperaron a que los internos controlaran la situación".
Ese 21 de diciembre la CEDH "recibió quejas de familiares de internos quienes señalaron que no tenían comunicación con ellos, que desconocían la situación derivada del enfrentamiento suscitado al interior del Centro Penitenciario, así como de su seguridad e integridad personal".
La CEDH afirmó que "la evidencia también permite observar que la autoridad penitenciaria no reforzó las medidas de seguridad para evitar o controlar disturbios, documentándose que solamente resguardaron a los internos que fueron reingresados y se ordenó de que todo el personal de seguridad y custodia desalojara las instalaciones, sin tomar ninguna medida o acción efectiva para contener o controlar la situación de manera inmediata, ya que posteriormente utilizaron gas lacrimógeno, que hasta las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2015, se buscó el dialogo con un grupo de internos, para entonces ya se habían ocasionado daños al interior del establecimiento penitenciario".
En las investigaciones se documentó que con motivo de este disturbio se produjeron daños en las áreas de admisión, en las esclusas 27, 59, 61, 48, así como en las áreas de locutorios, clínica, pedagogía, almacén de servicios generales y en la Torre 13, además que se reportó que se destruyeron expedientes clínicos y técnicos de las áreas médicas y de pedagogía, respectivamente.
"Es importante señalar el desdén de la autoridad penitenciaria para colaborar en la investigación sobre las posibles violaciones a derechos humanos, ya que se documentó la falta de disponibilidad para que se tuviera acceso a las videograbaciones de las imágenes capturadas los días 21, 22 y 26 de diciembre de 2015 del sistema de video-vigilancia al interior del Centro Penitenciario, aduciendo que se encontraba en investigación, además de que no se permitió que se recabara material fotográfico de las lesiones que presentaron las personas privadas de su libertad y se obstaculizó el trabajo de personal de este Organismo al no permitir que se entrevistara a toda la población que recibía atención médica en el área de aduana vehicular", sostuvo.
Por este motivo, entre otras conclusiones y propuestas, pidió que se incluya atención médica y/o psicológica que requerían las victimas señaladas en el presente Informe Especial, el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos en cuya acción u omisión hayan estado involucrados en los hechos e iniciar una investigación a la institución correspondiente en contra de los servidores públicos Señalados.
Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos.
