“Una persona sin ética, es como una bestia suelta en el mundo”
Albert Camus
Por Lourdes Guerrero
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, reza en su inicio el Artículo 16 de nuestra Carta Magna.
Pero esto no fue considerado por los agentes ministeriales que a mediados de 2015, sacaron a rastras de reconocido restaurante en la zona residencial de la capital potosina a una joven empresaria de una entidad vecina que simplemente iba a vender su mercancía en San Luis.
La llamaremos Adriana, a fin de ilustrar el infierno que le hicieron vivir estas bestias que más que llamarles policías o agentes del orden, parecieran más bien viles delincuentes callejeros. Adriana llegó a repartir su mercancía con varios de sus clientes como acostumbraba, semanas previas había realizado un trato con un conocido de años para venderle un carro, en los días subsecuentes a este convenio estuvo comunicándose constantemente con él y quedaron de verse precisamente ese día en que ocurrió la tragedia que sin duda la marcaría de por vida.
Marcó en diversas ocasiones de su móvil a su cliente, pero éste se encontraba detenido acusado de haber realizado un asalto, usando precisamente el vehículo que negociaba con Adriana, los policías, ni tardos ni perezosos asumieron que Adriana estaría involucrada, solamente por haber revisado el teléfono del presunto, así que se lanzaron por ella y dos ayudantes que la acompañaban.
Sin decir agua va, repito, la sacaron del pelo arrastrándola con lujo de violencia, los asistentes del Chillis en Tangamanga no daban crédito, la llevaron a las instalaciones de la Procuraduría del estado y los tres días siguientes transcurrieron entre vejaciones, golpes, abuso sexual, psicológico y físico, sin poder siquiera llamar a los suyos, Adriana debió soportar todo aquello, ya que a pesar de sus negativas de haber participado en el ilícito, la siguieron golpeando hasta que su resistencia se agotó. Los familiares invadidos de preocupación buscaron por todos los medios localizarla, pero con resultados infructuosos puesto que los ministeriales, retiraron el GPS de la camioneta en la que se trasladaba Adriana, no conformes, se robaron la mercancía con un costo de varios cientos de miles de pesos. Cuando se enteraron dónde estaba, acudieron a una abogada quien se presentó ante el ministerio público para saber de qué iba la acusación, de antemano se topó con el hermetismo y el trato descortés del personal que la interrogó de la "a" a la "z" sobre los asuntos que trataría en aquella instancia.
Después debió pagar al personal a cargo 10 mil pesos a fin de poder conocer el contenido del expediente que uno de los sujetos en el lugar se había guardado entre los calzoncillos -“si quieres verlo, vas a tener que pagar”-, este precio no incluía hablar con Adriana, sólo saber de qué se le acusaba. Varios días después la abogada vio a Adriana quien se encontraba en shock y aturdida aun por los golpes, no logró mucho, puesto que ni siquiera estaba en condiciones de hablar luego de lo que había pasado en manos de los policías que la “interrogaron”.
Un hecho similar ocurrió después, en redes sociales fue posible observar un video de unos policías municipales torturando a un jovencito que no rebasaba los 17 años, desde colocarle una bolsa en la cabeza hasta ahogarlo con chorros de agua, sólo para que dijera, dónde había dejado un celular que supuestamente se había robado
¿Qué hay de bondadoso en el nuevo sistema? Ventilar este tipo de cosas, hacerlas públicas puesto que no hay otra manera de exhibirlas. Hay una especie de omertá (ley del silencio entre los mafiosos italianos) entre las autoridades, a fin de no revelar lo que ocurre tras aquellas puertas. Estas historias se repiten hasta el cansancio, y es así de simple, estas violaciones impiden la debida aplicación de la ley.
Hace unos días escuchaba una entrevista a la directora de una organización humanista en Veracruz, “¿Por qué la ley permite que este tipo de personas a las que le falta tanta preparación en materia de investigación sean precisamente los responsables de obtener las pruebas para mantener a los delincuentes en la cárcel”?, ciertamente mientras la oía pensaba, no es la ley, no es el nuevo sistema maldito al que se han cansado de ponerle peros, es el factor humano el que ha fallado terriblemente, el que no se ha preparado debidamente, peor aún es el que ha ensuciado la misma ley, le han quedado debiendo a una instancia responsable de analizar las conductas antisociales de quienes está por egresar o ingresar del sistema penitenciario, la seguridad en su totalidad es costosa y el Estado no ha querido pagar el precio, es imperativo que esta parte se la dejen a los expertos, psicólogos y criminólogos, y definan si una persona es apta para reingresar a un estado comunitario legal.
No es fácil, es cierto, falta mucho, abogados consultados refieren 50 años para poder convivir con esta nueva normativa, ¿y mientras? Es imposible que las autoridades no vean el hartazgo en el que se encuentra la sociedad cuando vive la impunidad en carne propia, es repugnante ver los comunicados, las conferencias de prensa e incluso más asqueroso aún escuchar noticieros, leer los diarios con editoriales sencillamente repletas de ignorancia, comunicando más ignorancia, al asegurar que este maldito sistema penal deja libre a los delincuentes, no, no y no, no es el sistema que sin duda necesita adecuaciones, es el factor humano. Quien afirme que es la ley, es porque ignora, y si es una autoridad, mucho peor, les molesta que ya no pueden andarla haciendo de justicieros, cuando su papel es precisamente lo contrario, evitar que las venganzas privadas se ejerzan cual teoría de la anomia, como parte del Estado, están obligados a respetar la ley, no ser los primeros en violentarla.
No defiendo delincuentes, le diré estimado lector, pero prefiero que se les respeten sus derechos, como nación civilizada, prefiero eso a que por las faltas al debido proceso deban soltarlos, urgen autoridades preparadas, congruentes y conscientes de su labor.
Twitter: @Agnte_1
Albert Camus
Por Lourdes Guerrero
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, reza en su inicio el Artículo 16 de nuestra Carta Magna.
Pero esto no fue considerado por los agentes ministeriales que a mediados de 2015, sacaron a rastras de reconocido restaurante en la zona residencial de la capital potosina a una joven empresaria de una entidad vecina que simplemente iba a vender su mercancía en San Luis.
La llamaremos Adriana, a fin de ilustrar el infierno que le hicieron vivir estas bestias que más que llamarles policías o agentes del orden, parecieran más bien viles delincuentes callejeros. Adriana llegó a repartir su mercancía con varios de sus clientes como acostumbraba, semanas previas había realizado un trato con un conocido de años para venderle un carro, en los días subsecuentes a este convenio estuvo comunicándose constantemente con él y quedaron de verse precisamente ese día en que ocurrió la tragedia que sin duda la marcaría de por vida.
Marcó en diversas ocasiones de su móvil a su cliente, pero éste se encontraba detenido acusado de haber realizado un asalto, usando precisamente el vehículo que negociaba con Adriana, los policías, ni tardos ni perezosos asumieron que Adriana estaría involucrada, solamente por haber revisado el teléfono del presunto, así que se lanzaron por ella y dos ayudantes que la acompañaban.
Sin decir agua va, repito, la sacaron del pelo arrastrándola con lujo de violencia, los asistentes del Chillis en Tangamanga no daban crédito, la llevaron a las instalaciones de la Procuraduría del estado y los tres días siguientes transcurrieron entre vejaciones, golpes, abuso sexual, psicológico y físico, sin poder siquiera llamar a los suyos, Adriana debió soportar todo aquello, ya que a pesar de sus negativas de haber participado en el ilícito, la siguieron golpeando hasta que su resistencia se agotó. Los familiares invadidos de preocupación buscaron por todos los medios localizarla, pero con resultados infructuosos puesto que los ministeriales, retiraron el GPS de la camioneta en la que se trasladaba Adriana, no conformes, se robaron la mercancía con un costo de varios cientos de miles de pesos. Cuando se enteraron dónde estaba, acudieron a una abogada quien se presentó ante el ministerio público para saber de qué iba la acusación, de antemano se topó con el hermetismo y el trato descortés del personal que la interrogó de la "a" a la "z" sobre los asuntos que trataría en aquella instancia.
Después debió pagar al personal a cargo 10 mil pesos a fin de poder conocer el contenido del expediente que uno de los sujetos en el lugar se había guardado entre los calzoncillos -“si quieres verlo, vas a tener que pagar”-, este precio no incluía hablar con Adriana, sólo saber de qué se le acusaba. Varios días después la abogada vio a Adriana quien se encontraba en shock y aturdida aun por los golpes, no logró mucho, puesto que ni siquiera estaba en condiciones de hablar luego de lo que había pasado en manos de los policías que la “interrogaron”.
Un hecho similar ocurrió después, en redes sociales fue posible observar un video de unos policías municipales torturando a un jovencito que no rebasaba los 17 años, desde colocarle una bolsa en la cabeza hasta ahogarlo con chorros de agua, sólo para que dijera, dónde había dejado un celular que supuestamente se había robado
¿Qué hay de bondadoso en el nuevo sistema? Ventilar este tipo de cosas, hacerlas públicas puesto que no hay otra manera de exhibirlas. Hay una especie de omertá (ley del silencio entre los mafiosos italianos) entre las autoridades, a fin de no revelar lo que ocurre tras aquellas puertas. Estas historias se repiten hasta el cansancio, y es así de simple, estas violaciones impiden la debida aplicación de la ley.
Hace unos días escuchaba una entrevista a la directora de una organización humanista en Veracruz, “¿Por qué la ley permite que este tipo de personas a las que le falta tanta preparación en materia de investigación sean precisamente los responsables de obtener las pruebas para mantener a los delincuentes en la cárcel”?, ciertamente mientras la oía pensaba, no es la ley, no es el nuevo sistema maldito al que se han cansado de ponerle peros, es el factor humano el que ha fallado terriblemente, el que no se ha preparado debidamente, peor aún es el que ha ensuciado la misma ley, le han quedado debiendo a una instancia responsable de analizar las conductas antisociales de quienes está por egresar o ingresar del sistema penitenciario, la seguridad en su totalidad es costosa y el Estado no ha querido pagar el precio, es imperativo que esta parte se la dejen a los expertos, psicólogos y criminólogos, y definan si una persona es apta para reingresar a un estado comunitario legal.
No es fácil, es cierto, falta mucho, abogados consultados refieren 50 años para poder convivir con esta nueva normativa, ¿y mientras? Es imposible que las autoridades no vean el hartazgo en el que se encuentra la sociedad cuando vive la impunidad en carne propia, es repugnante ver los comunicados, las conferencias de prensa e incluso más asqueroso aún escuchar noticieros, leer los diarios con editoriales sencillamente repletas de ignorancia, comunicando más ignorancia, al asegurar que este maldito sistema penal deja libre a los delincuentes, no, no y no, no es el sistema que sin duda necesita adecuaciones, es el factor humano. Quien afirme que es la ley, es porque ignora, y si es una autoridad, mucho peor, les molesta que ya no pueden andarla haciendo de justicieros, cuando su papel es precisamente lo contrario, evitar que las venganzas privadas se ejerzan cual teoría de la anomia, como parte del Estado, están obligados a respetar la ley, no ser los primeros en violentarla.
No defiendo delincuentes, le diré estimado lector, pero prefiero que se les respeten sus derechos, como nación civilizada, prefiero eso a que por las faltas al debido proceso deban soltarlos, urgen autoridades preparadas, congruentes y conscientes de su labor.
Twitter: @Agnte_1
