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| El gobernador Carreras aceptó la alerta de género. Aquí, en la conmemoración del Día del Trabajo con la CTM. |
El gobernador Juan Manuel Carreras López, aceptó el informe del grupo de trabajo conformado para estudiar la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, por lo que en 6 meses cumplirá con los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), de la Secretaría de Gobernación.
El informe realizado por dicho grupo de trabajo, definió 8 conclusiones, entre las que se encuentra el diseño de manuales de procedimientos y protocolos de actuación con perspectiva de género basados en la NOM-046 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y la Atención, además de la capacitación de personal de primer contacto, atención directa y prestadores de servicios de salud.
También se propone analizar y realizar las gestiones necesarias para crear una unidad especializada en la investigación de delitos relacionados a la privación de la vida de mujeres por razones de género, que podría ampliarse a cualquier delito relacionado con la violencia hacia las mujeres.
La tercer conclusión tiene que ver con la creación de una base de datos en la que todas las instancias y dependencia de la administración pública estatal, obligadas por ley, suministren información en tiempo y forma sobre la situación de violencia contra las mujeres en la entidad, lo anterior con el fin de diseñar y fortalecer las políticas públicas en la materia.
El grupo de trabajo que analizó la solicitud de alerta de violencia de género en varios municipios potosinos -conformado por especialistas en el tema, encabezados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres (CONAVIM)- luego de la solicitud realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, el 23 de noviembre de 2015.
Asimismo, se propone realizar las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con perspectiva de género, así como financiación adecuada de programas y acciones encaminados a lograr el fortalecimiento institucional y la igualdad entre mujeres y hombres, destinados a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.
La sensibilización a los medios de comunicación del estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y la violencia contra las mujeres es la quinta conclusión, mientras que la sexta se refiere al fortalecimiento, monitoreo y seguimiento a los programas anteriormente señalados, los cuales deberá ser implementados en coordinación con los municipios, incorporar un enfoque intercultural y apegarse a los más altos estándares internacionales en la materia.
La séptima conclusión tiene como fin, a través de campañas de difusión, la concientización de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres (Proigualdad 2013-2018) y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Pipasevm 2014-2018).
Por último, la octava conclusión se refiere al impulso a las propuestas de reforma de leyes y normatividades, particularmente, la promulgación del Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí, así como del Reglamento de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, notificó en tiempo y forma, el 22 de abril de 2016, a la titular de la CONAVIM y del Instituto Nacional de las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, la aceptación de todas y cada una de las conclusiones presentadas y reafirma el compromiso del gobierno estatal para asumir y cumplir las recomendaciones emitidas para garantizar a las mujeres potosinas el efectivo y libre ejercicio de sus derechos.
Fuente: Gobierno del Estado.
