Tras reconocer que los homicidios dolosos se han incrementado en todo el país, no sólo en San Luis Potosí, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que para disminuir delitos a nivel nacional, se requiere una reingeniería policial profunda que significa dotar a nuestros policías federales, estatales y municipales de mayores prestaciones, crear una licenciatura en ciencias policiales, modificar la Constitución y rodearlas de derechos.
Indicó que se debe a “un efecto perverso que tiene que ver con el cambio de la política pública con respecto a las armas, donde pasamos de una política restrictiva a una permisiva”.
Agregó que la estadística es muy clara “hasta hace un año por cada 10 homicidios dolosos 4 se cometieron con arma de fuego; actualmente por cada 10 asesinatos 7 se cometen con armas de fuego, por ellos mientras más armas de fuego existen, más homicidios dolosos habrá”.
Sales Heredia dio a conocer que si queremos revertir las causas de la delincuencia, se deben atender la dispersión de los grupos delincuenciales, impulsar políticas públicas a favor del fortalecimiento de los policías y modificar los artículos que permitieron que personas con un armas de fuego puedan gozar de su proceso en libertad, con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Dijo que el sistema de Justicia penal acusatorio es el mejor, pero se debe ajustarlo, “no se trata de desmantelar el nuevo sistema, sino fortalecerlo”.
PROTECCIÓN A PERIODISTAS
Por parte del Gobierno de Estado hay un compromiso claro para avanzar en las tareas de prevención a fin de proteger a las y los periodistas, dio a conocer Roberto Campa Cifrián subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien indicó que se construye una visión preventiva que no se limite a la protección uno a uno a los periodistas, sino que se identifiquen las circunstancias que provocan tensión o violencia y modificarlas.
“Hace algunas semanas comenzó una alerta en Chihuahua, donde una buena parte de los casos derivan por la conflictividad de la sierra tarahumara y sus fenómenos y lo que tenemos que hacer ahí como en cualquier entidad es deslindar responsabilidades hacia los tres niveles de gobierno” comentó el funcionario.
Destacó que la agresión y violencia contra los periodistas como ha quedado impreso en los diagnósticos de la organización Artículo 19, en un 60% es por agentes del estado; sin embargo, las más graves, que han costado vidas, fueron a manos del crimen organizado.
Derivado de ello, indicó, se pretende identificar a medios y periodistas en riesgo y garantizar medidas de protección en forma oportuna. Se busca establecer sistemas de monitoreo locales, que en las propias entidades haya equipos que en fuentes diversas identifiquen a profesionales de la información en riesgo y acercarnos para brindarles protección.
Detalló que a nivel nacional, ninguno de los periodistas que ha perdido la vida había estado sujeto por el mecanismo de protección, “ha habido ataques a protegidos y dos escoltas perdieron la vida, uno en la protección en Baja California Sur y otro en Sinaloa, donde fueron eficaces, pues la defensora y el periodistas están a salvo”.
Los periodistas deben y pueden ejercer su libertad y con protección. No se plantean limitaciones a su libertad de decir o escribir lo que consideren adecuado, puntualizó Campa Cifrián.
Fuente: Gobierno del Estado
