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| Los senadores votaron en comisiones lo que después avaló el pleno. |
Ciudad de México.- El pleno del Senado de la República aprobó modificaciones y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal –por 105 votos a favor y 4 en contra– con la finalidad de fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El propósito es instaurar una Secretaría que permita el adecuado engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entre el ejercicio de la Administración Pública Federal (APF), la transparencia y la rendición de cuentas, señala el dictamen.
La reforma incluye a la Procuraduría General de la República (PGR) dentro de los sujetos a los que se les aplicará la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado y a aquellas entidades que por su grado de especialización y naturaleza, requieran un control especial.
Asimismo normar el registro de servidores públicos de la APF, registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que se presenten, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, sean sido impuestas.
La SFP se encargará de expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la APF, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo.
También podrá realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la APF, a fin de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo.
Además, la SFP designará y removerá a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño.
Asimismo, deberá atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la APF y de la PGR, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes.
La minuta aprobada por el Pleno del Senado de la República fue remitida al Ejecutivo federal.
Fuente: Senado de la República
