Por Verónica Espinosa / Proceso
Habitantes de dos comunidades indígenas de la Huasteca potosina (Chalchitépetl y Chimalaco) obtuvieron un amparo de la justicia federal para suspender las obras de un gasoducto que pasa por sus tierras y para el cual no fueron consultados, como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo.
Margarita Viñas, extitular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, fue una de las personas que fungió como intermediaria para convencer a los pobladores de aceptar el paso del gasoducto, a cargo de la empresa Enercitro, respaldada por la trasnacional española Iberdrola.
Las comunidades de Chalchitépetl, en el municipio de Matlapa, y Chimalaco, en Axtla de Terrazas, pidieron apoyo a la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP) y al Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, para exigir el cese de las operaciones del proyecto, que data de 2013.
“Se trata de un gasoducto que atraviesa por sus tierras y para el cual no fueron consultados de manera previa, libre e informada, y carece de informes técnicos específicos, como la Manifestación de Impacto Ambiental”, dijo a Apro Daniel Jacobo, de la Clínica de Litigio Estratégico.
En febrero pasado la alcaldía de Axtla otorgó la autorización para el paso del gasoducto –que se instaló desde el estado de Hidalgo, por la zona de la comunidad indígena de Chimalaco–, con el argumento de que directivos de la empresa habían explicado a los oponentes “que no hay riesgo”, dijo entonces el presidente municipal Julio César Hernández.
El alcalde reconoció que el paso del gasoducto fue aprobado por habitantes de otras zonas del territorio municipal, excepto por Chimalaco, debido a la oposición de la comunidad por la desinformación prevaleciente.
Cuando los habitantes vieron la maquinaria en la zona, se les dijo que “no afectaba sus tierras porque (el paso del gasoducto) era subterráneo”, lo que ocasionó que la comunidad buscara la ayuda de la Clínica de Litigio Estratégico, tal como ocurrió con las localidades del municipio de Santo Domingo con el proyecto del tiradero industrial en el rancho Palula.
“Fue por medio de la coacción y acuerdos privados como se pretendió imponer la construcción del gasoducto… algo similar a las omisiones de la consulta indígena para el Plan Estatal de Desarrollo”, señaló Daniel Jacobo.
Líderes de Chalchitépetl y Chimalaco se reunieron con los integrantes de la Clínica que coordina Guillermo Luévano Bustamante y con los investigadores del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis (Colsan).
“En agosto pasado tuvimos reuniones y recorrimos las comunidades; encontramos preocupación por el desconocimiento y porque la empresa aparentemente no daba la cara, sino que se presentaba en lo individual a los ejidatarios y pobladores a través de varios intermediarios. Decidimos dar la asesoría e interponer los amparos”, explicó el integrante de la Clínica de la UASLP.
El 12 de mayo se interpusieron dos amparos –uno por cada comunidad– en contra de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, y los ayuntamientos de Matlapa y Axtla de Terrazas, en su calidad de autoridades responsables de otorgar autorizaciones y permisos.
El juez quinto de Distrito concedió la suspensión provisional el 6 de junio y finalmente la suspensión definitiva de las obras el 20 de julio, mientras se atiende el fondo del amparo.
Como parte del litigio se han ofrecido peritajes antropológicos y en materia hidrológica-ambiental.
“Se trata de identificar la zona por la que pasa el gasoducto como región indígena, la población que la habita, el tipo de organización comunitaria, el motivo que sustenta la aplicación de las consultas de manera obligada a esto pueblos, los efectos positivos y negativos de este proyecto, y los derechos colectivos”, puntualizó Daniel Jacobo.
En una parte de la zona ya se encuentra parte del gasoducto, por lo que la lucha legal implica que lo instalado se clausure y deje de operar.
“La empresa busca negociar con cada uno. Les ofrecía 20 mil pesos por autorizar la servidumbre de paso; ahora les duplicaron la cantidad para que los dejen pasar”, comentó el entrevistado, quien destacó la relevancia de la resolución del juez de distrito, dentro del nuevo marco regulatorio en materia energética.
“A lo mejor otros pueblos han obtenido triunfos legales, pero este es relevante porque lo otorga un juez en el marco de la reforma energética de 2014”, resaltó.
Se trata de una más de las amenazas latentes en la Huasteca potosina por la extracción y conducción de hidrocarburos, “y ahora los jueces están entrándole a revisar la reforma energética”, concluyó.
