Luego de que agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP), llevaron a cabo trabajos de investigaciones para obtener la orden de aprehensión en contra de un hombre por el delito de homicidio calificado, éste fue ubicado en los Estados Unidos de América y después de trabajar en coordinación con autoridades de ese país, lo ubicaron y deportaron a México.
Los hechos ocurrieron el 10 de mayo del 2015, cuando se tuvo conocimiento de la muerte de un maestro en un terreno de su propiedad en el municipio de Ciudad Fernández, el cual fue encontrado con varios golpes en la cabeza, mismos que se habían efectuado con piedras y un block de cemento, por lo que los agentes ministeriales de la Zona Media iniciaron las investigaciones correspondientes, a través de las cuales conocieron la identidad del presunto responsable.
Una vez que fueron aportados todos los elementos de prueba a la carpeta de investigación y se libró la orden de aprehensión respectiva, los policías llevaron a cabo trabajos de inteligencia que apuntaban a que dicho sujeto había huido al vecino país del norte, específicamente en el estado de Texas.
Por lo tanto, las autoridades de seguridad de esa nación fueron notificadas y mantuvieron la búsqueda, hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ubicó a dicha persona en el norte de San Antonio, en una vivienda donde se encontraban varios indocumentados quienes también fueron deportados.
Al ser comprobada la identidad del presunto, la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol en México, junto con la Procuraduría General de la República (PGR) recibieron al hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente en San Luis Potosí y se iniciaron los procedimientos correspondientes.
Fue así que en trabajo coordinado, Policías Ministeriales de la Zona Centro, se trasladaron a la Ciudad de México para asegurar a dicha persona, quien fue notificada del mandato judicial y posteriormente fue trasladado a la capital potosina mediante los protocolos de seguridad correspondientes.
Posteriormente, será llevado al municipio de Rioverde, en donde enfrentará su proceso legal y la autoridad judicial deslindará las responsabilidades a que haya lugar.
Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado
