Ciudad de México.- Con el objetivo de profundizar el análisis riguroso de la política de prohibición y control de drogas con especial atención a sus consecuencias sociales, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, elaboró dos estudios que abordan el combate contra el narcotráfico y la atención a las víctimas.
En la investigación titulada “Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico”, elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica, se plantea la necesidad de realizar una evaluación integral al marco normativo de prohibición de drogas, con especial atención a la estrategia de combate frontal contra el narcotráfico.
Asimismo, refiere que en México se ha despenalizado en cierto grado el consumo de drogas, pero sigue criminalizado. En ese sentido, señala que cerca de 20 mil personas son enviadas a prisión cada año en espera de ser juzgadas por delitos de drogas. No obstante, las sanciones que se imponen al finalizar los juicios, son penas a prisión menores de un año.
Se menciona que de todas las personas enviadas a prisión preventiva por delitos del fuero federal, 54 por ciento son acusadas de cometer delitos de narcóticos.
Esta situación refleja que el uso de la prisión preventiva es uno de los aspectos más punitivos de la política de control de drogas, pues 9 de cada 10 personas acusadas de cometer delitos de narcóticos del fuero federal reciben auto de formal prisión.
Es decir, se agrega, deben enfrentar las acusaciones y llevar sus juicios en reclusión, a pesar de ser jurídicamente inocentes hasta que se pruebe lo contrario y sean declarados culpables. El 10 por ciento restante sale libre, ya sea por falta de elementos para procesar, por sobreseimiento de sus casos o por dictarse su libertad absoluta.
Encarcelar por delitos menores a miles de hombres y mujeres muy jóvenes, con baja escolaridad y ocupaciones precarias, ha motivado a algunos académicos y activistas a señalar que la política de drogas afecta de sobremanera a este sector de la población, de por sí marginado.
Con respecto a las consecuencias no intencionadas del combate al narcotráfico, el estudio del IBD presenta la relación entre el drástico incremento de homicidios después del despliegue de los operativos conjuntos permanentes en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
¿Y LAS VÍCTIMAS?
Por otra parte, el cuaderno de investigación “Los reclamos de justicia de las víctimas como política de Estado”, elaborado por el investigador Froylán Enciso, destaca la necesidad de atender los reclamos de las víctimas resultado de la política global de prohibición de drogas como el centro de la política exterior mexicana en la materia.
El investigador apunta que los daños que han generado las políticas de drogas siguen en aumento; y se trata de una discusión necesaria para el futuro del país.
Del mismo modo, refiere que el Estado debe avanzar en el conocimiento de los costos sociales de la instrumentación mexicana de políticas globales sobre drogas, debido a las relaciones de desigualdad, susceptibles de reparación, que estas políticas han creado.
La política de prohibición de drogas, señala el estudio del IBD, ha violado históricamente la libertad de culto de los usuarios rituales de drogas, el derecho a la salud de los usuarios beneficiarios de las virtudes terapéuticas de algunas sustancias y el derecho a la vida de aquellas víctimas de la violencia derivada de la persecución de las drogas, precisa.
Por lo anterior, el autor propone que México, durante la revisión del Plan de Acción y la Declaración de Principios de 2019 derivado de UNGASS 2016, destaque los efectos desiguales de la política de drogas en diversos países del mundo productores y de tránsito, considere un proceso de evaluación histórica de estas políticas, y que impulse el uso del concepto de daño social como parte de las deliberaciones para reconsiderar la política global de drogas.
Fuente: Senado de la República
